Ministra de Derechos Humanos llama a la construcción de memoria, justicia, verdad y reparación para las víctimas post-golpe de Estado de 2009

En un reciente foro televisivo, la ministra de Derechos Humanos de Honduras, Angelica Álvarez, destacó el caso del homicidio de Isy Obed Murillo y las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado durante y después del golpe de Estado de 2009.

La ministra señaló que la hija de Romeo Vázquez Velázquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, había declarado que la responsabilidad de estos actos recae sobre el expresidente Manuel Zelaya, al afirmar que la situación post-golpe de Estado representó un "matadero”, reconociendo que durante ese período existió una licencia para asesinar al pueblo hondureño, por los entes de seguridad (Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional).

Álvarez recordó que, durante este período, aquellos que se opusieran al golpe, defendieran la democracia o exigieran la restitución del expresidente Manuel Zelaya estaban en peligro de ser asesinados.

En este contexto, la ministra subrayó que la responsabilidad penal no solo recae en los subordinados que ejecutaron las órdenes, sino también en los superiores, como Romeo Vázquez Velázquez, quien, según Álvarez, tenía la facultad de decidir sobre disparar o no.

La titular de Derechos Humanos expresó su preocupación por las irregularidades dentro del sistema judicial, mencionando que los padres de las víctimas, como en el caso de Isy Obed Murillo, han buscado justicia durante más de 15 años sin obtener respuestas satisfactorias.

Álvarez enfatizó que no se trata de una "persecución política", sino de un tema relacionado con Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, destacó que en Honduras han ocurrido tres eventos históricos que han implicado graves violaciones a los derechos humanos: la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en la década de los 80, el golpe de Estado de 2009 y los fraudes electorales. Estos sucesos han resultado en homicidios y violaciones a los derechos fundamentales, en su mayoría, a manos de fuerzas represivas del Estado.

La ministra de Derechos Humanos también subrayó que el caso de Isy Obed Murillo ya ha sido admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pronto dictará sentencia contra el Estado hondureño. En este marco, Álvarez reiteró la importancia de avanzar hacia la construcción de memoria, justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto post-golpe.

Álvarez concluyó su intervención enfatizando que no se trata de una lucha entre ideologías políticas, sino de la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad penal del Estado ante las violaciones cometidas. Afirmó, además, que, según el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo que subraya la necesidad de una rendición de cuentas.

Cortesía: Poder Popular.